domingo 24 de mayo de 2009

Voto del chavismo valdrá más que el de la oposición


Durante 70 años ininterrumpidos, el Partido Institucional Revolucionario (PRI) gobernó en México gracias a los efectos de un sistema electoral segmentado, un sistema muy similar al que los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y del Partido Comunista (PCV) acaban de aprobar -en primera discusión- para implementar en el país.
Aunque el jefe de la Comisión de Participación Ciudadana del Parlamento, Darío Vivas (PSUV), asegura que la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE) elimina las morochas porque " reivindica la voluntad soberana del pueblo y que se respete el voto nominal como el voto lista"; en realidad la Ley, al instaurar un sistema electoral paralelo elimina la distribución proporcional -garantizada en el artículo 293 de la Constitución- y consagra la sobrerrepresentación de las mayorías al legalizar el efecto de las morochas.
¿Por qué se legalizan? El ar- tículo 7 de la referido Ley señala: (...) "la elección nominal no incidirá en la elección proporcional mediante lista".
El sistema que sólo avalan los diputados del PSUV y el PCV -que fueron elegidos en el año 2005 con una abstención de 75%- puede instaurar en Venezuela un sistema de partido hegemónico, en donde una organización política cuenta más que las demás, esto es consecuencia de eliminar la representación proporcional.
En este tipo de sistema -según el teórico electoral Giovanni Sartori- aunque las leyes permiten la existencia de otros partidos y que éstos compitan entre sí por el poder, en realidad no pueden obtener el triunfo y están atados al partido más grande.
"La Ley también podría regresar a Venezuela al sistema de partido dominante", que existió en el país durante "el trienio adeco". En este modelo de partido existe una configuración del poder en la que una organización gobierna sola, sin estar sujeta a la alternancia, siem- pre que obtenga mayoría simple.

En contra de la Historia
En los últimos 50 años, Venezuela ha tenido 15 leyes electorales distintas. En todos estos instrumentos se consagraron disposiciones que permitían que todos los grupos políticos (o la gran mayoría) tuviesen acceso a los cuerpos colegiados. Esta constante se interrumpió con el invento de Eduardo Lapi y el partido Convergencia en el año 2000, cuando idearon un método para "burlar" las distribución proporcional de los cargos. A esta estrategia de postulación se le conoce como "morochas" El invento de Lapi fue perfeccionado por el chavismo, que logró en las elecciones locales del año 2005 acceder a 61% de los cargos a pesar de sólo capitalizar 36,8% de los votos.
Para lograr burlar a la representación proporcional el MVR postuló sólo candidatos tipo lista y creó un partido adicional, en este caso la Unidad de Vencedores Electorales (UVE), para postular a sus candidatos nominales (ver infografía anexa)
En este proceso, de los 2.287 concejales proclamados por el Poder Electoral, la UVE obtuvo 811 cargos, convirtiéndose en la organización con más cargos, aunque no obtuvo ni un solo voto tipo lista.
La técnica no sólo garantiza la sobrerrepresentación del oficialismo en los cargos locales. En las elecciones regionales del año 2004 la estrategia de desvincular el voto tipo lista y nominal le valió a la dupla MVR-Podemos 176 cargos en los consejos legislativos, cuando en realidad sólo le corresponderían 156; mientras en las elecciones del 23 de noviembre de 2008 a la dupla PSUV- UVE se le adjudicaron 166 curules, a pesar de que por su votación sólo le corresponden 120 cargos.
Los afectados por la desvinculación del voto tipo lista y nominal son los partidos chavistas que no se integraron al PSUV (caso PPT o PCV), las organizaciones de oposición y los partidos regionales que en conjunto dejaron de acceder a 46 curules (20% de los cargos)
Si el sistema segmentado de la LOPE se hubiese sido aplicado entre 1958 y 1998 partidos como el MIN, MIR o el propio PCV nunca hubiesen tenido acceso al Congreso Nacional.

El truco: "Gerrymandering"
En la exposición de motivos de la LOPE, los integrantes del PSUV aseguran que se intenta "armonizar el territorio y la población al permitir la conformación de circunscripciones que respondan a nuevas realidades geohumanas". Esta declaración de principios hace suponer a los técnicos electorales de los partidos -de oposición y de minorías chavistas- que en los comicios parlamentarios del año 2010 se votará a través de un diseño parcializado de los circuitos nominales. La literatura electoral denomina a esta técnica como "Gerrymandering" Según la LOPE, los circuitos nominales pueden formarse con combinaciones de municipios y parroquias, comunas o incluso consejos comunales, lo que podría provocar que el Parlamento disminuya la cantidad de diputados nominales que deben escogerse en zonas de voto opositor, para trasladar estos cargos de elección a zonas de voto militante por el PSUV.

Sin fórmula electoral
Entre las omisiones de la Ley avalada por el PSUV y el PCV destaca la ausencia de la fórmula matemática para el cálculo de la adjudicación de los cargos tipo lista. Históricamente en Venezuela se usa el método D'Hondt, muy cuestionado por ser el menos proporcional de los métodos para distribuir cargos, al extremo que provocó un sistema de bipartidismo (AD-Copei) en un sistema proporcional.
Si el Parlamento no utiliza el D'Hondt, puede decantarse por fórmulas como la de Saint Lague, la variante Hare/Niemeyer, el Hagenbach-Bischoff o el cociente imperial. Conocer qué fórmula se empleará es vital para poder entender y calcular cómo se asignan los cargos porque cada fórmula plantea distintas posibilidades y resultados al distribuir los cargos. Ocultar esta información es equivalente a no precisar cómo se contarán los votos tipo lista en Venezuela.
Los sistemas electorales representativos deberían tener dos condiciones: representar a todos (o la gran mayoría) y hacerlo de la manera más justa.
La LOPE no cumple con estas condiciones. Sólo beneficia al PSUV, siempre y cuando continúe obteniendo la mayoría (aunque esta sea de 51%) Si esto cambia, la ley entonces sobrerrepresentará a los grupos sociales a los que hoy se les quiere impedir acceder a la AN.

sábado 16 de mayo de 2009

Mi vergatario te mandó un mensajito¡¡¡

Ley Electoral legaliza las morochas

La representación proporcional es una constante del sistema electoral venezolano. En los últimos 50 años se han aprobado 15 leyes electorales distintas. En ellas se consagró el principio de permitir que todas las organizaciones políticas tuviesen opciones de acceder a las posiciones de poder, esto significa que los partidos deben estar representados de la manera más equitativa posible según el número de votos que obtienen.
No obstante, el proyecto de Ley de Procesos Electorales (LPE) que discute la Asamblea Nacional puede modificar este concepto para consagrar la sobrerrepresentación de las mayorías como norma del sistema electoral. La representación proporcional está garantizada en los ar-tículos 186 y 293 de la Constitución Nacional.
Sin embargo, este principio se ha desconocido desde el año 2000 cuando el partido Convergencia ideó un método para burlar la distribución proporcional de las cargos. En las elecciones de ese año en el estado Yaracuy, Convergencia logró que sus candidatos ganaron cuatro de las cinco curules de la entidad a la Asamblea Nacional obteniendo apenas 43% de los votos. El chavismo inmediatamente tomó nota de este invento y lo perfeccionó. Popularmente a este método se le conoce como "las morochas" y consiste en desvincular el voto tipo lista del nominal. Según la legislación electoral venezolana -aún vigente- los cargos nominales que obtiene un partido deben restarse de los cargos tipo lista que se adjudiquen a la misma organización.
Para burlar la ley, los partidos deciden postular sólo candidatos tipo lista, mientras su candidatos nominales se inscriben en otras tarjetas. El efecto práctico de este método es el siguiente: para las elecciones regionales del año 2004 los candidatos de la oposición obtuvieron 34% de los cargos, cuando en realidad les correspondían 56% de los puestos de elección popular.
En las elecciones locales del año 2005, los candidatos tipo lista del oficialismo se postularon en la tarjeta del MVR y los nominales en la tarjeta de la Unidad de Vencedores Electorales, lo que provocó que el chavismo obtuviera 61% de los cargos a pesar de sólo capitalizar 36,8% de los votos. Además, en las últimas elecciones regionales el chavismo logró arrebatar a la oposición el control del parlamento de los estado Carabobo y Táchira por el efecto de las morochas. Teóricamente las morochas perderían su efecto si se obliga a un partido político que postule candidato tipo lista a también postular candidatos nominales.
Esta recomendación fue acogida por el CNE y se incluyó en el proyecto de LPE. No obstante en la norma que discute la Asamblea Nacional no se establece el alcance de la aplicación del método D'Hondt, omisión que sectorializa la representación proporcional sólo al voto lista, además se elimina el mecanismo "correctivo" de descuento de los diputados nominales al número máximo que les corresponde según la lista.
Al eliminar este descuento ya no es necesario emplear la fórmula de las morochas, porque en la práctica se cambia el método de adjudicación de cargos. Si se aprueba el proyecto de LPE en estos términos se desconocería el sistema de distribución proporcional para instaurar un sistema de mayorías parlamentarias, en donde un solo partido capitaliza cargos que le corresponden a las organizaciones minoritarias para garantizar la conformación de gobiernos sin oposición en el Parlamento.

Ley Electoral podría bloquera acceso de la oposición a la Asamblea Nacional

Si la Asamblea Nacional ratifica el sistema de adjudicación de cargos propuesto por el CNE, la oposición podría perder a manos del chavismo hasta 21 curules en la próxima elección para el Parlamento. - En el referendo constitucional del 15 de febrero, la oposición obtuvo 45% de los votos y el chavismo 54%.
Utilizando estos resultados se pueden simular dos escenarios para la elección de los 165 diputados a la Asamblea Nacional que debe realizarse a finales del año 2010. Suponiendo que en la AN se apruebe sin modificaciones el proyecto de ley presentado por el CNE, la oposición, capitalizando 45% de los votos, apenas podría obtener 29% de los cargos, mientras al chavismo, con 54% de los votos, le serían adjudicados 116 curules, es decir, 71% de los cargos que deben elegirse.
Si los diputados de la Asamblea Nacional deciden respetar el principio de distribución proporcional que se consagra en la Constitución de 1999, con 54% de los votos el chavismo capitalizaría 95 diputados (58% de los cargos que deben elegirse) y la oposición 69 curules (42% de los cargos que deben elegirse)
En el mundo existen dos grandes tipos de sistemas electorales: 1) Mayoritarios 2) De Representación Proporcional. Los sistemas mayoritarios tiene como fin último lograr mayorías parlamentarias para evitar la presencia de oposición al gobierno de turno. Los sistemas electorales de representación proporcional buscan garantizar la representación del electorado de la forma más fiel posible. Venezuela históricamente ha tenido un sistema mixto de representación proporcional.

lunes 11 de mayo de 2009

Mayoría de los venezolanos descartan que estén en peligro sus libertades económicas y sociales


Usted cree que Chávez desconoce los resultados del 23 de noviembre? ¿Considera que el modelo cubano se está implementando en Venezuela? ¿Cree que Gobierno irrespeta la propiedad privada? Si sus respuestas a estas interrogantes son afirmativas, usted piensa diferente que la mayoría de los venezolanos.
Aunque las encuestas demuestran que los venezolanos rechazan las acciones radicales como el desconocimiento de las elecciones, el irrespeto a la propiedad privada o la implementación del modelo cubano, paradójicamente también demuestran que la mayoría de los venezolanos no creen que el presidente Hugo Chávez esté tomando ese tipo de acciones.
Según la última encuesta Ómnibus de Datanálisis existe un rechazo mayoritario a las acciones radicales. 7 de cada 10 venezolanos concuerda en que el presidente Hugo Chávez debe respetar la voluntad popular expresada el 23 de noviembre de 2008, además aspiran a que el Ejecutivo nacional trabaje en conjunto con los gobernadores y alcaldes de oposición.
No obstante, cuando se indaga si el Gobierno desconoce a las autoridades electas, apenas 4 de cada 10 venezolanos responde que existe un plan premeditado del Ejecutivo para boicotear la gestión de los alcaldes y gobernadores que le son adversos. El resto no considera que el jefe de Estado esté desconociendo la autoridad de los funcionarios elegidos por voto popular. La situación se repite en el caso de la propiedad privada.
Apenas 23% de los venezolanos está de acuerdo con la ocupación militar de las plantas de distribución de alimentos. Sin embargo, las recientes actuaciones del Ejecutivo en las plantas procesadoras de arroz no son consideradas por la mayoría de los venezolanos como ataques a las propiedad privada. Al día de hoy, 57%de los ciudadanos está convencido de que el gobierno de Chávez respeta la propiedad privada y 87% aspira a que el proyecto socialista no la ataque.
Las respuestas más paradójicas pueden encontrarse asociadas a la influencia del Gobierno cubano en el modelo político que se intenta aplicar en el país. 8 de cada 10 venezolanos rechazan que Cuba sea el ejemplo a seguir; sin embargo apenas 4 de cada 10 consideran que las decisiones adoptadas por Chávez están influenciadas por el sistema tutelado por Fidel Castro, aunque el Presidente explique constantemente los consejos políticos que recibe desde la isla.
Si se analiza esta percepción por autodefinición política se descubre que 88,4%de las personas que se autocalifican como chavistas descartan que el presidente de la República esté intentando trasladar el sistema político de Cuba a Venezuela. Esta percepción es compartida por 42,2%de los ciudadanos que se autodefinen como Ni-Ni. Que la mayoría de los venezolanos no perciba que están en juegos sus libertades económicas y sociales es lo que explica por qué las acciones radicales de Chávez no han afectado su popularidad. 59% de aceptación popular La desinformación y el miedo son las causas que pueden explicar cómo el venezolano vota por un funcionario y a los seis meses permita que sea defenestrado y desconocido como autoridad legítima.
El director de Datanálisis, Luis Vicente León, sostiene que el venezolano "no siente el miedo real, no siente que esté en peligro su libertad". Aclara que aunque Chávez se ha radicalizado desde el 15 de febrero, su popularidad no proviene de esta radicalización, sino que debe entenderse que los números de aprobación son "a pesar" de sus acciones. Según este análisis la capacidad de gobernar que tiene el jefe de Estado está asociada con su popularidad, "de lo contrario no podría correr su modelo de democracia procedimental, en donde sólo se respeta el voto, aunque este voto esté sesgado por el abuso de poder" León aclara que la aceptación de Chávez se mantiene en 59% por el triunfo de febrero, por el reparto de la renta aún en tiempos de crisis, por el conocimiento que tiene del ADN del venezolano para emitir discursos que los conectan y por la ausencia "estrambótica de alternativas y actos heroicos".
El director de Datanálisis sostiene que los actos heroicos no están asociados con "sacrificar la vida", sino a actuaciones más simples como formar parte de los partidos o de los procesos en contra del Presidente. León recuerda que Chávez "busca un objetivo muy concreto que es la consolidación de la revolución y la única forma de lograrlo es mantenerse en el poder, porque no hay ningún líder en la revolución bolivariana que tenga posibilidad de conectar con el electorado".


Según el director de Datanálisis desde el triunfo en el referendo de la enmienda la aceptación de Chávez se mantiene constante, lo que le permite actuar en dos direcciones: 1) Validar las acciones radicales relevantes para la revolución como el debilitamiento del poder regional, las expropiaciones y la minimización del adversario. 2) Validar la ideología de la revolución atacando al capitalismo, popularizando la oferta socialista y buscando entre la oposición, los empresarios y el imperio los chivos expiatorios para los fracasos de su gobierno. El director de Datanálisis estima que Chávez está atacando símbolos para atemorizar a sus potenciales adversarios. "Al tocar a Manuel Rosales y Antonio Ledezma se envía el mensaje de que la participación política es peligrosa" y eso está paralizando a sus adversarios.

lunes 4 de mayo de 2009

¡Muerte a los sindicatos!

El sector sindical es uno de los últimos bastiones que la revolución debe tomar. ¿Por qué? Aunque especular es muy sencillo basta con rememorar la postura de Lenin con relación a la existencia de las organizaciones sindicales para entender la imperiosa necesidad del Ejecutivo Nacional por controlar a las organizaciones de trabajadores que no le son leales, para después destruirlas.
Hay que recordar que tomando como referencia "las enseñanzas" de la lucha de clases, Lenin diseñó un programa político para organizar a los sindicatos, tanto en la etapa poscapitalista como en el periodo de edificación del socialismo.
Para los años en que el capitalismo aún vivía, Lenin consideraba a los sindicatos como organizaciones vitales para que la clase obrera internalizara la imperiosa necesidad de luchar en contra del capitalismo.
Para la etapa de construcción del socialismo Lenin destruyó a los sindicatos que no aceptaban plegarse al partido y que rehusaban reconocer que antes de la organización de los trabajadores existía un partido único.Al finalizar la revolución soviética los sindicatos dejaron de velar por los intereses de los trabajadores para convertirse en el ejemplo de cómo el proletariado podía tomar el poder de los medios de producción y convertirse en el primer frente de batalla en contra del Estado burgués y del capitalismo.
Con los matices propios del siglo XXI, la revolución venezolana copia el modelo ideado por Lenin. Coincidiendo con el 1 de mayo se está entrando en la fase de la revolución en que los sindicatos no deben velar por el derecho de los trabajadores porque deben enfocarse en difundir la ideología del proceso. Como sucedió en la extinta URSS los reclamos laborales ya no tienen cabida en Venezuela, porque cualquier exigencia de los obreros se interpreta como un ataque directo a la revolución y a las políticas que intentan lograr que todos seamos iguales.
¿Usted lo duda? Basta con comprobar que hasta la fecha están sometidos a juicio 85 dirigentes sindicales y activistas por exigir reivindicaciones contractuales. Para el Ejecutivo Nacional estas personas violaron el artículo 56 de la Ley Orgánica de Seguridad Nacional, lo que sugiere que se continúa avanzando en la tesis de criminalizar las protestas que en cualquier país son naturales.
A la criminalización de la protestas se debe unir la aprobación de la Ley de Propiedad Social (aún en discusión) instrumento legal que podría acabar con el sindicalismo al convertir a las organizaciones que tradicionalmente defiende a los trabajadores en los famosos, inoperantes e ideologizantes "consejos de fábrica".
Además este instrumento legal que impondrá la exigencia de una igualdad salarial en las organizaciones -sin importar el cargo, la experiencia o la responsabilidad- no sólo provocará que las empresas sean menos competitivas, sino que se opone a la existencia de las organizaciones profesionales y sindicales.En la destrucción de los sindicatos el Ejecutivo Nacional tiene mucho camino andado. Además del nefasto papel jugado por los integrantes de la CTV, hay que reconocer que al día de hoy apenas 87 mil venezolanos están amparadas por contratos colectivos vigentes, mientras 918 mil trabajadores continúan esperando porque se culminen los procesos de negociación que, teóricamente, deben proporcionarle mejoras en sus beneficios contractuales.
El dato más alarmante es que de los 87 mil venezolanos que gozan de contratos colectivos, apenas 33 mil se encuentran en el sector público. En consecuencia -con la sospechosa actuación de la CTV- el Ejecutivo Nacional avanza en su plan de transformar a los sindicatos y destruir el salario como principal componente de toda relación laboral.
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