7 de cada 10 ciudadanos respaldan petición de auditoría hecha por Capriles Radonski

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La batalla de la opinión pública se la ganó Henrique Capriles Radonski a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE). La negativa del organismo comicial para permitir la revisión amplia de los cuadernos de votación y la auditoría al Sistema de Autenticación Integrado (captahuellas) no es respaldada por la mayoría de los ciudadanos.
Según una medición de opinión pública realizada por Datanálisis -entre el 27 y 30 de abril- seis de cada 10 ciudadanos rechazan la decisión tomada por el organismo comicial. Si se evalúa la percepción de los ciudadanos por auto definición política ocho de cada 10 electores pro-oposición rechazan la decisión del CNE, al igual que seis de cada 10 independientes y cuatro de cada 10 chavistas.
El estudio no precisa si los electores creen que la elección fue justa o fraudulenta. Sin embargo sus resultados dejan claro que para la mayoría de los ciudadanos (salvo para el voto duro del chavismo) la oposición tiene derecho de solicitar las auditorías que le permitan aclarar sus dudas.
Al realizar el recálculo al 100%, siete de cada 10 electores (69,7%) están de acuerdo con las peticiones de Capriles Radonski en relación a su solicitud de auditoría de no duplicidad (que no existan huellas de electores duplicadas para descartar el voto doble o la usurpación de identidad).
Quienes avalan la postura del CNE son mayoritariamente los ciudadanos que se auto definen como chavistas (54,3% de los votantes pro-Maduro).
No obstante, en términos globales la decisión de no permitir la revisión plena de los cuadernos de votación y los reportes de las captahuellas apenas es respaldada por tres de cada 10 ciudadanos, quienes consideran Capriles Radonski no tiene derecho a solicitar auditorías o recuentos y debe aceptar los resultados anunciados por el organismo comicial.

Proclamación pudo esperar 
Si se analiza la percepción de los ciudadanos en función de su auto definición política y por quién dicen haber sufragado destaca la división de los votantes pro-Maduro (ver infografía anexa) con relación al acto de proclamación del 15 de abril.
Mientras los ciudadanos que dicen haber votado por Capriles Radonski se atomizan mayoritariamente en criticar la postura del CNE, el chavismo prácticamente se divide en dos bloques muy similares en cuanto a su tamaño entre quienes están de acuerdo y aquellos que rechazan la fecha de la proclamación.
Aunque la legislación no establece la suspensión del acto de proclamación a causa de una petición de auditoría o impugnación de resultados, 46% de quienes votaron por Maduro (ver infografía anexa) estuvieron en contra de que el CNE lo proclamara un día después de la elección.
El estudio no indaga en las causas que provocan que un poco menos de la mitad del voto pro-Maduro (46%) se declarara en desacuerdo con la proclamación, sin embargo este bloque es muy similar (en cuanto a tamaño) a los segmentos del chavismo que rechanzan la negativa del CNE a entregar cuadernos y archivos de captahuellas.
Según Datanálisis cuatro de cada 10 ciudadanos que dicen haber votado por Maduro creen que la oposición tiene derecho a solicitar auditorías siempre y cuando las peticiones se realicen según los requerimientos legales y evitando la confrontación.

Respaldo a la impugnación
El estudio de Datanálisis, realizado antes de que la oposición presentara formalmente su recurso de impugnación ante la Sala Electoral del TSJ, indica que al menos seis de cada 10 ciudadanos avalarían la decisión de recurrir al máximo juzgado del país para solicitar la nulidad del proceso del 14 de abril.
Como ocurre con la valoración a la decisión del CNE de negar acceso pleno a los cuadernos de votación los electores que dicen haber votado por Capriles Radonski se consolidan, en este caso mayoritariamente (86%) dijeron estar de acuerdo con la impugnación.
Sin embargo, el chavismo se dividía ante la posibilidad de la impugnación. 49,3% de los votantes de Maduro aseguraban que estarían en desacuerdo si la oposición acudía a la Sala Electoral del TSJ para impugnar la elección del 14 de abril, mientras 13,6% aseguró que estaría "muy en desacuerdo". No obstante, 33,6% consideró que Capriles Radonski haría lo correcto en caso que decidiera impugnar la elección ante la Sala Electoral del máximo tribunal del país.
Estos datos sugieren que los argumentos empleados por el Ejecutivo Nacional para miniminzar las acciones de la oposición, por ahora, no han permeado entre los votantes, que aspiran -la mayoría de éstos- a que se permitan acciones que permitan aclarar las dudas, siempre y cuando se hagan en el marco de la ley.
El estudio de Datanálisis consistió en 528 entrevistas telefónicas, con un error muestral de +/- 4,27% y un nivel de confianza de 95%.