Hace un año se desató la persecución -por otorgarle un calificativo- al sueldo de los altos funcionarios públicos, especialmente del salario de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y de los rectores del Consejo Nacional Electoral. Ahora que la persecución se materializó en una ley que impone un tope de Bs.F 14.700 -12 salarios mínimos- al ingreso mensual de los altos funcionarios no queda sino colocar a este texto en el lote de las aberraciones que vía express recibieron el visto bueno del anterior Parlamento.
En diciembre de 2010 se aprobaron -entre reformas y nuevas normas- 40 leyes. En conjunto estas normas están pensadas para implementar en el país la fallida reforma constitucional del año 2007, construir un Estado dentro del Estado, eliminar las competencias de gobernadores y alcaldes, propiciar la censura previa y evitar que existan voces críticas a la gestión de Hugo Chávez. Por si fuera poco todas estas acciones están enmascaradas tras la sempiterna promesa de asumir la innegable deuda social que se mantiene con los estratos más bajos de la sociedad.
En este escenario, preocuparse porque magistrados y rectores tendrán una merma significativa en sus ingresos -vía salario normal o a través de bonos especiales- parece absurdo. No obstante, desde la oposición al presidente Chávez se debería asumir y promover la defensa a la jerarquización laboral por formación, responsabilidad y desempeño. Resulta paradójico que en el año 2002 se defendiera la meritocracia en Pdvsa, pero ahora se permita el ataque a la jerarquización profesional en los poderes públicos, especialmente cuando ese ataque viola los artículos 19 y 254 de la Constitución Nacional.
El debate no se trata del sueldo que reciben Luisa Estela Morales o Tibisay Lucena. El análisis debe enfocarse en los méritos de los magistrados y rectores para ocupar estos cargos, el verdadero debate debe servir para responder si los magistrados y rectores están cumpliendo cabalmente con sus obligaciones.
Paso ahora a reiterar los argumentos que expongo desde hace un año con relación a este tema: ¿Es lógico que un rector gane de sueldo base Bs.F. 17 mil mensuales, cuando un profesor universitario sólo obtiene Bs.F. 18 por hora académica? La respuesta a esta pregunta es obvia, pero la solución a este problema no radica en disminuir el sueldo de los altos funcionarios, sino en lograr que el poder de compra del resto de los ciudadanos mejore, o en épocas de crisis económica, que se mantenga.
Ningún trabajador del TSJ (incluyendo al personal obrero) gana sueldo mínimo. ¿Es esto criticable? El paquete anual de los funcionarios del CNE, incluidos los rectores, puede llegar a incluir hasta 20 meses ¿Es esto criticable? Si se supone que se rechaza el proyecto socialista de Chávez porque tiende a convertir la democracia venezolana en un sistema autocrático que en algunos momentos tiene sospechosas similitudes con el comunismo, debería ser un alivio que en los poderes públicos no cale el discurso fundamentalista del igualitarismo y se mantenga la jerarquización de los cargos.
Básicamente el paquete anual de un rector del CNE se componen de un sueldo base de 17 mil bolívares fuertes mensuales (varía en función de los años de experiencia dentro de la administración pública) más una prima de 30% del salario base por profesionalización, más otra prima de 12% del salario base por responsabilidad, más primas adicionales que se pagan como bonos en año electoral. A este paquete habría que sumar los aguinaldos. Si usted, estimado lector, tuviese que dirigir el Poder Electoral ¿no le parece que este es un paquete salarial acorde con las responsabilidades que debe asumir? ¿Por qué un director de línea con menos responsabilidad que un rector debe ganar más que él? La Ley de Emolumentos conduce a la administración pública a la destrucción de las escalas salariales. No tardará en aparecer quien proponga que todos los trabajadores deben recibir un salario idéntico.
Probablemente muchos consideren que los sueldos de magistrados y rectores no son socialistas, no obstante el problema no es el salario anual de los altos funcionarios, sino el doble discurso que muchos de ellos pueden exhibir al defender un sistema político y económico en el que no creen, condicionando sus actuaciones por una razón utilitaria.
Como hace un año vuelvo a Insistir en esta premisa: el problema no es el sueldo, el análisis debe enfocarse en la evaluación de desempeño de los magistrados, rectores y otros altos funcionarios de la administración pública; ¿realmente tienen las credenciales para ocupar estos cargos?, ¿realmente están haciendo su trabajo?, ¿realmente están convencidos del sistema político y económico que muchos de ellos defienden? Si nos enfocamos solo en el amarillismo de cuánto ganan caeremos, inevitablemente, en una vulgar cacería de brujas de todos aquellos que ganan más que nosotros.
No criticar la Ley de Emolumentos implica permitir un nuevo caldo de cultivo para que la corrupción -ya evidente- de la revolución bolivariana. No en vano, la directora de Transparencia Internacional en Venezuela realiza la siguiente observación: "A los magistrados del Tribunal Supremo y a los rectores del Consejo Nacional Electoral se les reducen sustancialmente sus ingresos y por ello cabría la siguiente pregunta: ¿Cómo hace alguien que tenía un nivel de vida acorde con unos ingresos X para vivir con la mitad de eso? No habría que sorprenderse porque esos y los otros afectados busquen vías para conseguir mantener sus remuneraciones (...). El Estado no cuenta con las herramientas para prevenir la corrupción (...). Si reduces los ingresos y simultáneamente los fondos que se destinan para el control, a través de la Contraloría General de la República, en la práctica son menores a los del año anterior, pues las probabilidades de más irregularidades en el manejo de los dineros públicos crecen".
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