La relación entre dinero y política es compleja. La participación, uno de los pilares de la democracia, está supeditada al acceso a recursos económicos. Básicamente los que tienen más dinero suelen participar más, porque disfrutan de mejores oportunidades para comunicar sus ideas, o incluso para comprar conciencias.
Los estándares internacionales sugieren que el costo de una campaña de ámbito nacional debe calcularse a razón de cinco dólares (BsF 10,75) por elector probable. Esto significa que la campaña de la última elección presidencial pudo tener un costo aproximado de 126 millardos de bolívares viejos (BsF 126 millones); no obstante, el vencedor de la contienda, apenas reportó al CNE ingresos por 22 millardos de bolívares (BsF 22 millones)
Para evitar este tipo de distorsiones, la imposición de topes a los gastos de los candidatos es una constante entre las legislaciones electorales de la región. Venezuela es la excepción a esta regla. Según un análisis comparado de los sistemas electorales de la región -realizado por la Organización de Estados Americanos- el sistema electoral venezolano es el único que no impone límites financieros a las campañas electorales. Esto, aunado a que el artículo 67 de la Constitución prohíbe el financiamiento público a la actividad política, provoca que Venezuela sea uno de los 27 países de todo el orbe que niega financiamiento -de algún tipo- a la actividad política.
Entre los países que aplican esta práctica están: Bahamas, Bielorrusia, Fiji, Ghana, Jordania, Nepal, Níger, Pakistán, Samoa, Sierra Leona, Somalia, Uganda y Zambia, entre otros.
La campaña electoral que comienza mañana seguirá la norma de los anteriores procesos. Los candidatos podrán comprar diariamente hasta dos minutos en televisión abierta, dos minutos en televisión por suscripción, cuatro minutos en radio; podrán pautar hasta 1/2 página en periódicos estándar, una página en tabloides y contratar servicios de SMS para un enviar un mensaje por día a cada suscritor.
¿Cuánto dinero se necesita? En promedio, 30 segundos en la televisión de cobertura nacional en horario premiun oscilan entre BsF 40.000 y BsF 120.000, dependiendo del canal. VTV ocasionalmente tasa su espacio en BsF 9.000, no obstante el canal del Estado no se caracteriza por colocar publicidad, así que no se incluye en estos cálculos.
Suponiendo que los candidatos a gobernadores -o algún aspirante a alcalde muy ambicioso- empleen toda la norma, podrían comprar un máximo -en los próximos dos meses- de 240 propagandas por cada canal de televisión nacional.
Si los candidatos pautan -como dice la norma- un máximo de media página diaria en los tres principales periódicos de circulación nacional tamaño estándar del país -El Universal, Panorama y El Nacional- deberían invertir una suma de BsF 1.372.398, promediando el costo de la pauta en BsF 15 mil. ¿Cuál es el límite para estos gastos? Ninguno. El candidato o el partido que tenga más recursos podrá exponer mejor sus ideas, así de simple.
Con los costos que acarrea una campaña no es de extrañar que el origen del financiamiento esté bajo sospecha en todo el mundo. No obstante, la sanción por emplear dinero de origen ilícito en las campañas venezolanas -fondos públicos, extranjeros o producto del narcotráfico- es exigua. Según el artículo 23 de las Normas de Publicidad y Propaganda la sanción económica apenas oscilará entre 200 y 500 UT (BsF 9.000 a BsF 23.000) Campañas estatizadas.
Primero como un secreto a voces y ahora de forma oficial, ex funcionarios del Ejecutivo Nacional como Willian Lara reconocen que la prohibición constitucional para financiar la actividad política fue un error. Incluso, el TSJ al responder la solicitud de aclaratoria sobre el artículo 67 de la Carta Magna presentada por PPT y Podemos, concluyó que la Constitución no impide que el Estado financie las campañas. Las actividades proselitistas para el referendo constitucional de 2007 fue financiada por el Estado -a través del CNE- pero nunca se logró consenso sobre los topes a lo gastos de campaña.
Esta discusión atrapa a los rectores desde el albor de la campaña del año 2006. A la fecha no existe acuerdo, sino peligros de que la sentencia del TSJ sea mal interpretada. La tesis oficialista sobre este punto es lograr un marco legal que prohíba a los partidos disponer, para el desarrollo de sus campañas electorales, de fondos distintos al financiamiento público.
Esta tesis es rechazada abiertamente por la oposición que exige se retome un esquema mixto, para evitar que se estaticen las campañas y los candidatos se conviertan en trabajadores del Estado. Por el costo creciente de las campañas la mayoría de los países optan por controlar los gastos como indicativo de transparencia del proceso electoral; no en vano los consultores políticos norteamericanos resumen el problema diciendo: "no hay campañas derrotadas, sino empobrecidas".
No hay comentarios.:
Publicar un comentario