Las democracias son costosas, desafortunadamente aquellas organizaciones y candidatos que tienen acceso a más y mejores fuentes de financiamiento suelen comunicar mejor sus ideas.El problema con el dinero que se mueve en una campaña electoral es complejo.
El principal indicativo de transparencia en el financiamiento político en Venezuela está asociado a divulgar cuánto gastaron los candidatos. Error craso y supino. Mucho más importante que el monto, es el origen de los fondos. ¿Quién financia a nuestros partidos y a nuestros candidatos?, esa es una pregunta tabú.
A diferencia de otros sistemas electorales en donde se colocan topes de gastos a los candidatos (para evitar que aquellos que tienen más, participen más) y topes a las contribuciones de personas naturales y jurídicas (para evitar lavado de dinero, etc.) en Venezuela el control se limita a una ley preconstitucional que no desarrolla a plenitud la realidad electoral del país de la última década.
En esencia, durante una campaña los partidos y los candidatos pueden gastar todo el dinero que se les ocurra, y recibir de personas naturales y jurídicas cualquier tipo de contribución. Y aunque el CNE exige conocer el RIF, teléfono y dirección fiscal de los contribuyentes, los ciudadanos comunes y corrientes apenas si lograr conocer de cuáles bolsillos salen los fondos que, dispendiosamente, se usan para promocionar proyectos políticos.
Y lo peor está por ocurrir. Lo que tradicionalmente se entiende como una medida electoral saludable (conocer quién o quiénes financia a los políticos) en Venezuela podría pervertirse. Desde Henrique Capriles Radonski hasta William Dávila, se ha dicho que el Seniat está haciendo una lista de contribuyentes a campañas de oposición, para -según los denunciantes- elaborar una nueva lista Tascón, pero de financistas electorales.En todo caso, a pesar de la denuncian, seguimos sin saber qué privados le dan dinero a la oposición y al gobierno.
¿Y si alguien le da dinero a los dos?En 10 años, los reportes de gastos de Hugo Rafael se han incrementado en 1.860 por ciento, sin embargo todavía se continúa analizando si su campaña en 1998, recibió fondos extranjeros.
A la fecha se desconoce quién financió la campaña por el revocatorio y cuánto se gastó en esta consulta popular.En el año 2006, el Presidente reportó gastos al CNE, por 22 millardos de bolívares viejos, y Manuel Rosales dijo que gastó 20 millardos. Cifra insuficiente para cancelar los gastos asociados a pautas publicitarias.Considerando que el costo de una campaña se calcula, aproximadamente, en cinco dólares por elector probable, se puede suponer que en la última elección presidencial cada candidato debió gastar, como mínimo, 120 millardos.
De eso, el CNE sólo conoce el origen de 20 millardos, ¿y el resto?
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