Una vez más -y ya son unas cuantas- la oposición demuestra su falta de planificación estratégica. Electoramente hablando vuelve a demostrar que no tiene claro sus objetivos, que no sabe lo que quiere -y debe- lograr.
Si se pretenden reformar la Ley Orgánica de Educación o evitar que se continúen aprobando leyes que desconozcan el resultado del referendo constitucional de 2007 -como la Ley de Tierras Urbanas- la única alternativa que existe es controlar la Asamblea Nacional; ergo lograr la mayoría en la próxima elección. Al día de hoy cualquier iniciativa legislativa que se tome ante un parlamento dominado por el PSUV fracasará estrepitosamente.
La nueva ley electoral -que impone en Venezuela un sistema de sobre representación de las mayorías- fue pensada para explotar las miserias de la oposición, está diseñada para que el chavismo se beneficie de la incapacidad de los dirigentes políticos que los adversan para unirse, para concretar candidaturas únicas.
Como es costumbre el chavismo impone las reglas del juego y la oposición no se entera de las nuevas normas hasta que es inevitable la derrota. La ley electoral aprobada por el PSUV está diseñada para permitir que un bloque que capitalice, por ejemplo, 50,01% de los votos se le adjudiquen 85,37% de los escaños de la próxima Asamblea Nacional. Por ende, si el otro bloque capitaliza 49,99% de los votos sólo obtendría 14,63% de las curules.
Para beneficiarse de este sistema no es suficiente que todos los candidatos de oposición, por separado, sumen 50,01% de los votos. Para que funcione la sobre representación de las mayorías es indispensable que se presenten candidaturas unitarias.
Supongamos que la caída del chavismo en la encuestas continúa en 2010. Supongamos que las miserias de la oposición le impiden acordar 167 candidaturas únicas para la próxima elección del Parlamento. Supongamos que la oposición se presenta en dos grandes bloques. Supongamos que el bloque A de oposición capitaliza 33,33% de los votos y el bloque B de oposición 33,34% de los sufragios. En este escenario, el chavismo, obteniendo sólo 33,35% de los votos podría capitalizar hasta 82,36% de las curules del próximo Parlamento, es decir, 136 diputados.
Visto estos escenarios debería resultar lógico que la prioridad electoral de la oposición no pueden ser los referendos abrogatorios o las reformas parciales de leyes. La prioridad debe ser encontrar la fórmula para postular 167 candidaturas únicas, incluyendo aspirantes a los tres curules reservados para los diputados indígenas.
¿Tarjeta única o alianzas perfectas? Las últimas semanas han transcurrido en un debate estéril que intenta responder esta interrogante. Interrogante que le valdrá a la oposición su próxima derrota electoral.
La alianza perfecta y la tarjeta única funcionan igual de bien, ninguna es mejor que la otra. La diferencia radica en quién es más beneficiado. Si el interés genuino de la oposición fuera recuperar el Parlamento el debate en estos momentos estaría centrado en la fórmula para escoger a los candidatos de unidad y no en el método de postulación. Cuando se conozca el nombre de los 167 candidatos de unidad, entonces se podrá discutir si se postulan en una tarjeta única o con empelando las tarjetas de los partidos tradicionales.
En este momento -y hasta un mes antes de la elección- el método de postulación no reviste ninguna importancia. Lo vital, es acordar 167 candidatos de unidad. ¿Cómo hacerlo? Primarias y negociación política pueden ser una excelente opción. Evidentemente es una quimera suponer que se harán 167 primarias, por esta razón es más sensato reconocer que deben existir varios niveles de negociación para acodar la unidad.
De los 167 candidatos que deben presentarse, 114 deben postularse por nombre y apellido y los restantes 53 a través de listas cerradas, que además deben ser equitativas -según lo establece la nueva ley- en cuanto al género de los candidatos. Es decir, de los 53 candidatos listas que se presenten -al menos- 26 deberían ser mujeres.
Sin duda alguna los 53 candidatos listas deberán salir del acuerdo entre las fuerzas políticas. El resto podría escogerse a través de primarias, siempre y cuando se trate de circuitos ganadores para la oposición. Incluso las primarias podrían desecharse en aquellos casos en que exista un liderazgo regional o local lo suficientemente consolidado. Todo es cuestión de acordar el método de selección. No obstante, pareciera que los líderes políticos están más preocupados por las cuotas de poder que podrían obtener el año que viene que por acordar candidaturas unitarias. Al día de hoy todos los partidos quieren unidad, siempre y cuando la unidad signifique que el resto de la sociedad apoye a los candidatos que el cogollo designó.
Mientras los líderes políticos no cedan en sus aspiraciones, Hugo Chávez fortalecerá sus opciones de obtener la mayoría de la Asamblea Nacional. Un control absoluto del chavismo en el próximo Parlamento significará más leyes "revolucionarias", y más decisiones dirigidas a desconocer la disidencia y las voces críticas.
La próxima vez que escuche a un líder político de oposición hablando del futuro del país preste atención a lo que dice sobre la unidad para las elecciones parlamentarias. Cuando se lo encuentre en la calle pregúntele por los 167 candidatos de unidad. Recuerde que la única posibilidad que usted tiene de lograr que se reforme la Ley Orgánica de Educación es que el PSUV deje de dominar la Asamblea Nacional
lunes 31 de agosto de 2009
sábado 29 de agosto de 2009
Fiscal pide enjuiciar a los ciudadanos que alteren la paz pública
La Fiscal General advirtió- a través del programa “En sintonía con el Ministerio Público”, trasmitido por Radio Nacional de Venezuela- que pedirá el enjuiciamiento de aquellas personas que alteren la tranquilidad y la paz pública “para producir inestabilidad de las instituciones, desestabilizar al Gobierno, y que atenten contra el sistema democrático”.
Es obvia la motivación de la medida, no?
lunes 24 de agosto de 2009
La oposición conseguirá que Chávez gane las elecciones Parlamentarias
La revolución vive un mal momento. 6 de cada 10 venezolanos -según Datanálisis- quiere un país diferente al que propone Hugo Chávez. No obstante, mientras el chavismo adecúa el terreno -legal y político- para permanecer en el poder, la oposición, en vez de capitalizar el descenso de hasta 10 puntos porcentuales en la popularidad del presidente, continúa atrapada en sus miserias.
Según el último estudio Perfil 21, realizado por la encuestadora Consultores 21, si las elecciones parlamentarias se realizarán el próximo domingo 44% de los venezolanos votaría por los candidatos del chavismo y 48,3% apoyaría a los aspirantes de oposición. Estos números, unidos al efecto de sobre representación de la mayoría que garantiza la nueva Ley Electoral, le valdrían a la oposición la mayoría calificada en el próximo parlamento.
No obstante, para que la oposición se beneficie de la nueva Ley Electoral necesita llegar unida a las elecciones legislativas que teóricamente deben realizarse en diciembre de 2010. Acá es donde aparecen las miserias que le servirán a Chávez para quedarse con el control absoluto de la Asamblea Nacional, aunque sea minoría.
Aunque Carlos Vecchio es el padre de la tesis de la tarjeta única, Leopoldo López ha hecho suya esta idea, en un intento por garantizar la unidad de la oposición y a la vez pasarle factura política a partidos como Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo.
Por el otro lado están los partidos políticos intentando garantizar una alianza perfecta (todos los partidos postulan al mismo candidato) para beneficiarse del efecto de sobre representación, sin necesidad de renunciar a sus colores y al poder político asociado a la representación parlamentaria.
¿Tarjeta única o alianzas perfectas? Las últimas semanas han transcurrido en un debate estéril que intenta responder esta interrogante. Interrogante que le valdrá a la oposición su próxima derrota electoral.
La alianza perfecta y la tarjeta única funcionan igual de bien, ninguna es mejor que la otra. La diferencia radica en quién es más beneficiado. Si el interés genuino de la oposición fuera recuperar el Parlamento el debate en estos momentos estaría centrado en el método para escoger a los candidatos de unidad y no en el método de postulación.
El costo de no tener unidad
Si la unidad absoluta no se logra no existirá tarjeta única o alianza perfecta que funcione. Supongamos que Leopoldo López, Julio Borges, Omar Barboza, Henry Ramos Allup, Eduardo Fernández, Lewis Pérez y Luis Miquelena no logran ponerse de acuerdo. Supongamos entonces que la oposición se presenta con dos grandes bloques a las elecciones parlamentarias. Si la tarjeta única capitaliza 33,33% de los votos, la alianza perfecta 33,34% y el PSUV 33,35%, el chavismo -gracias a una diferencia de 0,01%- tendría el control de 82,36% de las curules del próximo Parlamento. ¡Con 33,35% de los votos Chávez podría obtener 136 curules! Ese es el efecto de un sistema de sobre representación de las mayorías, pensado además para explotar la principal debilidad de la oposición: los intereses particulares de algunos de sus líderes.
Es comprensible que las personas que están fuera de los partidos -o que pretendan abandonarlos- quieran presentarse con una tarjeta única, para marcar distancia de los cogollos partidistas. También es comprensible que los partidos no quieran firmar su acta de defunción.
Antes mencioné que ambos métodos funcionan igual de bien, no obstante el costo político de la tarjeta única es alto. La única desventaja de esta idea es que provocaría que los partidos dejen de recibir votos en sus tarjetas. Como se retiraron -esta es la peor decisión política de los últimos 5 anos- de la elección parlamentaria de 2005, todas las organizaciones que representan al antichavismo podrían ser ilegalizadas. Aunque concuerdo que la mayoría de los dirigentes de oposición no están a la altura del debate político actual, también entiendo que los partidos son necesarios en los años por venir y no se puede contribuir con su desaparición, salvo que algún líder en específico aspire a capitalizar esa ilegalización para dejar a su movimiento como único referente.
¿Tarjeta única o alianza perfecta?
¿Tarjeta única o alianza perfecta? Esta duda se puede responder el próximo año, cuando ya se tengan definidos los 167 candidatos unitarios de la oposición (incluyendo a los 3 diputados indígenas). Una vez que aparezcan esos 167 nombres es que se debe decidir si serán postulados a través de una tarjeta única o empleando todas las tarjetas de los partidos políticos. El resultado será idéntico.
El problema está en lograr concretar esos 167 nombres de unidad.
¿La solución? Celebrar primarias para escoger a los 114 candidatos nominales que deben presentarse, y escoger al resto (que deben estar en listas cerradas) por consenso político.
Desafortunadamente se está invirtiendo el orden de la discusión. Es imposible que se logre algún acuerdo porque quienes proponen tarjeta única están por fuera de las discusiones de la mesa unitaria; así que, cada bloque en su parcela, contribuye a garantizar que Hugo Chávez continúe con el control hegemónico del Parlamento.
Según el último estudio Perfil 21, realizado por la encuestadora Consultores 21, si las elecciones parlamentarias se realizarán el próximo domingo 44% de los venezolanos votaría por los candidatos del chavismo y 48,3% apoyaría a los aspirantes de oposición. Estos números, unidos al efecto de sobre representación de la mayoría que garantiza la nueva Ley Electoral, le valdrían a la oposición la mayoría calificada en el próximo parlamento.
No obstante, para que la oposición se beneficie de la nueva Ley Electoral necesita llegar unida a las elecciones legislativas que teóricamente deben realizarse en diciembre de 2010. Acá es donde aparecen las miserias que le servirán a Chávez para quedarse con el control absoluto de la Asamblea Nacional, aunque sea minoría.
Aunque Carlos Vecchio es el padre de la tesis de la tarjeta única, Leopoldo López ha hecho suya esta idea, en un intento por garantizar la unidad de la oposición y a la vez pasarle factura política a partidos como Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo.
Por el otro lado están los partidos políticos intentando garantizar una alianza perfecta (todos los partidos postulan al mismo candidato) para beneficiarse del efecto de sobre representación, sin necesidad de renunciar a sus colores y al poder político asociado a la representación parlamentaria.
¿Tarjeta única o alianzas perfectas? Las últimas semanas han transcurrido en un debate estéril que intenta responder esta interrogante. Interrogante que le valdrá a la oposición su próxima derrota electoral.
La alianza perfecta y la tarjeta única funcionan igual de bien, ninguna es mejor que la otra. La diferencia radica en quién es más beneficiado. Si el interés genuino de la oposición fuera recuperar el Parlamento el debate en estos momentos estaría centrado en el método para escoger a los candidatos de unidad y no en el método de postulación.
El costo de no tener unidad
Si la unidad absoluta no se logra no existirá tarjeta única o alianza perfecta que funcione. Supongamos que Leopoldo López, Julio Borges, Omar Barboza, Henry Ramos Allup, Eduardo Fernández, Lewis Pérez y Luis Miquelena no logran ponerse de acuerdo. Supongamos entonces que la oposición se presenta con dos grandes bloques a las elecciones parlamentarias. Si la tarjeta única capitaliza 33,33% de los votos, la alianza perfecta 33,34% y el PSUV 33,35%, el chavismo -gracias a una diferencia de 0,01%- tendría el control de 82,36% de las curules del próximo Parlamento. ¡Con 33,35% de los votos Chávez podría obtener 136 curules! Ese es el efecto de un sistema de sobre representación de las mayorías, pensado además para explotar la principal debilidad de la oposición: los intereses particulares de algunos de sus líderes.
Es comprensible que las personas que están fuera de los partidos -o que pretendan abandonarlos- quieran presentarse con una tarjeta única, para marcar distancia de los cogollos partidistas. También es comprensible que los partidos no quieran firmar su acta de defunción.
Antes mencioné que ambos métodos funcionan igual de bien, no obstante el costo político de la tarjeta única es alto. La única desventaja de esta idea es que provocaría que los partidos dejen de recibir votos en sus tarjetas. Como se retiraron -esta es la peor decisión política de los últimos 5 anos- de la elección parlamentaria de 2005, todas las organizaciones que representan al antichavismo podrían ser ilegalizadas. Aunque concuerdo que la mayoría de los dirigentes de oposición no están a la altura del debate político actual, también entiendo que los partidos son necesarios en los años por venir y no se puede contribuir con su desaparición, salvo que algún líder en específico aspire a capitalizar esa ilegalización para dejar a su movimiento como único referente.
¿Tarjeta única o alianza perfecta?
¿Tarjeta única o alianza perfecta? Esta duda se puede responder el próximo año, cuando ya se tengan definidos los 167 candidatos unitarios de la oposición (incluyendo a los 3 diputados indígenas). Una vez que aparezcan esos 167 nombres es que se debe decidir si serán postulados a través de una tarjeta única o empleando todas las tarjetas de los partidos políticos. El resultado será idéntico.
El problema está en lograr concretar esos 167 nombres de unidad.
¿La solución? Celebrar primarias para escoger a los 114 candidatos nominales que deben presentarse, y escoger al resto (que deben estar en listas cerradas) por consenso político.
Desafortunadamente se está invirtiendo el orden de la discusión. Es imposible que se logre algún acuerdo porque quienes proponen tarjeta única están por fuera de las discusiones de la mesa unitaria; así que, cada bloque en su parcela, contribuye a garantizar que Hugo Chávez continúe con el control hegemónico del Parlamento.
viernes 21 de agosto de 2009
LEY ORGANICA DE MARCHAS Y CONTRAMARCHAS
*Publicado en el Diario Tal Cual el viernes 21 de agosto de 2009
En un claro afán colaboracionista y dado que nuestra Asamblea tiene exceso de trabajo este año debido a la necesaria aceleración, ofrecemos esta propuesta de Ley para la regularización de las cada vez más frecuentes marchas y contramarchas:
Artículo 1:
Para los efectos de esta ley se considerará marcha solo las manifestaciones espontáneas de los sectores adeptos (no adecos) al gobierno. Las manifestaciones realizadas por la oposición serán consideradas guarimbas, provocaciones e incitaciones al golpismo.
Artículo 2:
Se reconoce el derecho oposicionista a manifestar, siempre y cuando lo hagan de salir de sus casas y sin producir cualquier ruido molesto de carácter metálico que alarme al vecindario.
Artículo 3:
Las autoridades competentes, en caso de que las hubiera, negarán a los sectores oposicionistas toda posibilidad de salir a las calles a desestabilizar.
Artículo 4:
Por medio de la presente ley se extiende a los adeptos tienen permiso indefinido para manifestar los 365 días del año en el horario que consideren conveniente. Por tal razón, toda marcha oposicionista que solicite permiso tendrá que contar con el hecho de que existe un permiso previo para cualquier horario en que lo soliciten.
Artículo 5:
Los periodistas y dueños de medios no tienen derecho a manifestaciones públicas porque esto colide con su actividad mediática: No se puede cubrir la noticia y serla al mismo tiempo.
Artículo 6:
Se exceptúan del artículo anterior los comunicadores del sector oficial, por ser los únicos capaces de ofrecer información veraz y oportuna.
Artículo 7:
En caso de que algún sector oposicionista convoque una marcha, se considerará automáticamente convocada una de afectos al proceso en el mismo día, hora y lugar.
Artículo 8:
Se reconoce el derecho de los sectores afectos al proceso de defenderse de cualquier agresión pacífica por los medios a su alcance.
Artículo 9:
Se considerará agresión violenta con pena de cárcel de 29 a 30 años toda acción de manifestantes oposicionistas de colocarse en la trayectoria de piedras palos o proyectiles en general, para hacerse las víctimas. Todo intento de destrucción, pateo o devolución de bombas lacrimógenas lanzadas por cuerpos represivos del Estado o por manifestantes oficialistas, en ejercicio de sus derechos, será considerado como saboteo y destrucción de bien público y será sancionado con cárcel de 27 a 28 años renovables.
Artículo 10:
Todo lo previsto en esta ley será resuelto por el Jefe del Estado en sesión conjunta consigo mismo.
Dios y Federación centralista,
¡Patria, socialismo o muerte!
…Ya vencimos.
www.laureanomarquez.com
En un claro afán colaboracionista y dado que nuestra Asamblea tiene exceso de trabajo este año debido a la necesaria aceleración, ofrecemos esta propuesta de Ley para la regularización de las cada vez más frecuentes marchas y contramarchas:
Artículo 1:
Para los efectos de esta ley se considerará marcha solo las manifestaciones espontáneas de los sectores adeptos (no adecos) al gobierno. Las manifestaciones realizadas por la oposición serán consideradas guarimbas, provocaciones e incitaciones al golpismo.
Artículo 2:
Se reconoce el derecho oposicionista a manifestar, siempre y cuando lo hagan de salir de sus casas y sin producir cualquier ruido molesto de carácter metálico que alarme al vecindario.
Artículo 3:
Las autoridades competentes, en caso de que las hubiera, negarán a los sectores oposicionistas toda posibilidad de salir a las calles a desestabilizar.
Artículo 4:
Por medio de la presente ley se extiende a los adeptos tienen permiso indefinido para manifestar los 365 días del año en el horario que consideren conveniente. Por tal razón, toda marcha oposicionista que solicite permiso tendrá que contar con el hecho de que existe un permiso previo para cualquier horario en que lo soliciten.
Artículo 5:
Los periodistas y dueños de medios no tienen derecho a manifestaciones públicas porque esto colide con su actividad mediática: No se puede cubrir la noticia y serla al mismo tiempo.
Artículo 6:
Se exceptúan del artículo anterior los comunicadores del sector oficial, por ser los únicos capaces de ofrecer información veraz y oportuna.
Artículo 7:
En caso de que algún sector oposicionista convoque una marcha, se considerará automáticamente convocada una de afectos al proceso en el mismo día, hora y lugar.
Artículo 8:
Se reconoce el derecho de los sectores afectos al proceso de defenderse de cualquier agresión pacífica por los medios a su alcance.
Artículo 9:
Se considerará agresión violenta con pena de cárcel de 29 a 30 años toda acción de manifestantes oposicionistas de colocarse en la trayectoria de piedras palos o proyectiles en general, para hacerse las víctimas. Todo intento de destrucción, pateo o devolución de bombas lacrimógenas lanzadas por cuerpos represivos del Estado o por manifestantes oficialistas, en ejercicio de sus derechos, será considerado como saboteo y destrucción de bien público y será sancionado con cárcel de 27 a 28 años renovables.
Artículo 10:
Todo lo previsto en esta ley será resuelto por el Jefe del Estado en sesión conjunta consigo mismo.
Dios y Federación centralista,
¡Patria, socialismo o muerte!
…Ya vencimos.
www.laureanomarquez.com
domingo 9 de agosto de 2009
6 de cada 10 venezolanos quiere un país diferente al que propone Chávez
El panorama electoral se complica para la revolución. Una mayoría del chavismo en el próximo Parlamento significará la implementación definitiva del modelo político del presidente Hugo Chávez; no obstante, una mayoría opositora implicará un freno institucional al socialismo del Siglo XXI. Al día de hoy las encuestas -unidas al efecto mayoritario de la nueva Ley Electoral- sugieren que la oposición puede convertirse en mayoría absoluta el próximo año. Según el estudio Perfil 21, realizado por la encuestadora Consultores 21, si las elecciones parlamentarias se realizarán el próximo domingo -oficialmente están previstas para diciembre de 2010- 48,3% de los venezolanos votaría por los candidatos de oposición, mientras 44,1% lo haría por los aspirantes que reciban el apoyo del presidente Hugo Chávez. En un sistema electoral proporcional -como el que establece la Constitución- este escenario podría sugerir una Asamblea Nacional polarizada en dos bloques prácticamente iguales. No obstante, la Ley Electoral aprobada por el PSUV y el Partido Comunista garantiza la sobre representación de la mayoría, lo que significa que el apoyo de 48,1% de los venezolanos podría significar para la oposición el control de ocho de cada 10 curules en el Parlamento Nacional.
La situación no es diferente si se evalúa la próxima elección presidencial. Al día de hoy -con un estimado de participación de 58,3%- el apoyo a la reelección del Presidente se ubica en 44,2%. No obstante, 49,3% está convencido que apoyará a otro candidato a la presidencia. Según el estudio de Consultores 21, el reconocimiento de cualidades del presidente Chávez es negativo. 50,3% considera falso que el jefe del Estado "quiere ayudar al pueblo", 52,6% no cree que "siempre tiene buena intención", 51,2% duda que "sea una buena persona", 58,1% está convencido que "no respeta la opinión de los demás" y 56,9% duda que "siempre diga la verdad" (ver infografía anexa)
Otro país"¿El país que el presidente Hugo Chávez quiere se parece al país que usted quiere tener?" Según Consultores 21, 57,9% de los venezolanos responde negativamente a esta interrogante, mientras 37,6% admite que existe sintonía entre sus deseos y el proyecto país del Presidente. El estudio también refleja que continúa creciendo la percepción de que el presidente Chávez busca su beneficio personal (50%) antes que el beneficio del colectivo (47%) El liderazgo hegemónico de Chávez también es criticado. Mientras 31% de la población considera que sólo se necesita la dirección del Presidente, para 68% es vital que aparezcan nombres alternativos. El rechazo a la polarización también es mayoritario. 62,9% de la población cataloga como "buena idea" que organizaciones políticas y sociales que piensan diferente al Presidente se reunieran para trabajar en conjunto. Al evaluar la percepción sobre la libertad de expresión 55,1% cree que el Presidente intenta acabarla y 42,3% responde que aspira a fortalecerla. En el caso de la propiedad privada 56,1% está convencido de que Chávez va acabarla y 39,9% mantiene que persigue fortalecerla. En el caso concreto de Globovisión, 55.6% asegura que una eventual sanción es producto de "venganza política"
Gestión de Gobierno Apenas 11,5% de los venezolanos avala las acciones gubernamentales en contra de la inseguridad. La gestión educativa es la política oficial mejor evaluada por los venezolanos, 30,08% está satisfecho por el desempeño oficial en esta área. El estudio Perfil 21 fue realizado entre el 19 y 28 de junio de 2009 en centros poblados de más de 20 mil habitantes. Se entrevistaron a 1.500 personas. Los resultados tienen un margen de error global de +/- 2,65% y un nivel de confianza de 95%
Chávez necesita monopolizar la historia que cuentan los medios
La radicalización y la crisis le están pasando factura a la popularidad de Hugo Chávez. A partir del referendo constitucional del mes de febrero, el jefe del Estado ha perdido nueve puntos porcentuales de aceptación. Para Luis Vicente León, director de Datanálisis, el descenso de la popularidad presidencial provoca dos conclusiones básicas: 1) "Chávez está preso de su popularidad; 2) "Tiene que monopolizar la historia que se está contando a través de los medios de comunicación". Aunque el desconocimiento de las elecciones, el irrespeto a la propiedad privada, la implementación del modelo cubano, la amenaza a la libertad de expresión y el cierre de medios son acciones rechazadas mayoritariamente por los venezolanos, estas acciones son "indispensables para que Chávez se logre mantener en el poder y siga intentando validar su ideología.
No obstante, Chávez ha fracasado constantemente -sostiene León- en vender la tesis de que "lo radical es bueno". Al rechazo de la radicalización se le une la percepción de crisis. En 2007 -a causa del desabastecimiento- el venezolano se apartó de Chávez, lo que explica el resultado del referendo constitucional de ese año. Una situación similar se produjo entre los años 2001 y 2003, cuando los ciudadanos responsabilizaban directamente al Presidente de los problemas del país. En esos dos años se registran los peores niveles de aceptación presidencial, situación que varió con la aparición de las misiones sociales. Al día de hoy, explica el director de Datanálisis, el Presidente necesita cuidarse de tres elementos básicos: 1) La percepción de que sus acciones son radicales; 2) la crisis; 3) que los venezolanos lo responsabilicen a él, como ocurrió entre 2001 y 2003, de los problemas del país (ver infografía anexa). León aclara que la fortaleza de Chávez se circunscribe a que, a pesar del descenso en la popularidad, continúa siendo mayoría; además, los venezolanos no lo están responsabilizando de los problemas del país y sus adversarios no capitalizan la decepción del chavismo. "El drama de Chávez es que 47% de la población lo rechazan -explica León- el drama de los partidos de oposición es que sólo 9% de la población se identifica con ellos". Para detener su caída, porque está preso de su popularidad, el Presidente necesita cambiar la historia que están contando los medios de comunicación. Según León, la gente rechaza que se cierren medios de comunicación, pero avala el concepto que vende el chavismo de "acabar con el monopolio radioeléctrico". El director de Datanálisis aclara que Chávez necesita contar una historia que lo favorezca -como en el caso de la democratización del espectro radioeléctrico- para reducir el costo de su radicalización. Esto no significa que va a cambiar de estrategia, dejando de ser radical, "simplemente va a intentar cambiar la historia; para cambiarla, el Presidente tiene que monopolizar la información que se está contando a través de los medios de comunicación".
martes 4 de agosto de 2009
La escuela de comunicación social de la UCAB ante el cierre de la democracia
El Consejo de Escuela de Comunicación Social de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, en reunión extraordinaria y de emergencia, manifiesta su rechazo ante lo que considera una arremetida oficial contra la libertad de expresión en Venezuela, a través de acciones que afectan de forma directa a gran parte de la población del país.El cierre de 34 emisoras, como previo de un total de 240, anunciado por el director de Conatel y ministro del Poder Popular para Obras Públicas y Vivienda, en la noche del viernes 31 de julio, le resta oportunidades a la ciudadanía de tener acceso a informaciones, de transmitir sus quejas, reclamos e inquietudes, y de expresar su opinión de forma libre y crítica frente a la actuación de las autoridades, en el medio de su preferencia.
Manifestamos nuestro repudio categórico a que los procedimientos administrativos seguidos contra las emisoras clausuradas, se hayan ejecutado sin respetar el derecho a la defensa y al debido proceso de los titulares de las concesiones de tales medios de comunicación
El cierre intempestivo y masivo de emisoras de radio, luego de que las mismas han venido funcionando y transmitiendo a lo largo del tiempo, con el conocimiento y reconocimiento de la propia autoridad, hace presumir una intención de ejercer una conducta de censura indirecta contra medios que se han manifestado en desacuerdo con las posturas oficialistas. La excusa es la aplicación de un procedimiento administrativo, lo que deja entrever una clara desviación de poder como cortapisa de las libertades de expresión e información, el pluralismo comunicacional y el libre flujo de información e ideas en nuestra sociedad.
Este hecho revela una estrategia general de medidas administrativas, legales, impositivas del gobierno nacional para criminalizar y coartar la libertad de expresión, de manera tal que se produzca un silencio global a la crítica de la gestión del gobierno. Con este entramado legal se deja desvalida a la población venezolana ante la acción de las autoridades públicas, con lo que queda abierta la posibilidad de que se avalen el abuso, la corrupción y la ineficacia, y se le reste poder al pueblo en su función contralora de la gestión gubernamental.
La experiencia reciente del país con respecto a la reasignación de concesiones ha demostrado el contundente fracaso de la pretendida democratización del espectro radioeléctrico, pues se sustituyen canales efectivos de comunicación por otros que dejan mucho que desear por la falta de calidad técnica y por la sustitución de contenidos propios por otros importados, lo cual ha sido rechazado por los venezolanos con la baja sintonía.
Sorprende la propuesta de la Fiscal General de la República ante la Asamblea Nacional de presentar un proyecto de ley contra los delitos mediáticos, que de materializarse, acabaría con el ejercicio del periodismo, en tanto que penaliza por acción y omisión. Es decir, implicaría una autocensura no sólo para los dueños de medios y periodistas, sino para las fuentes generadoras de noticias, incluyendo a la gente de las comunidades que no podría expresar los problemas que le aquejan. Preocupa igualmente la criminalización constante contra la libertad de expresión en el sentido de descalificar a los medios de comunicación, a los periodistas, trabajadores y a las universidades que forman profesionales del área.
El Proyecto de Ley Especial contra Delitos Mediáticos no es sino un intento político de darle un marco legal a la censura previa en el ejercicio del periodismo en Venezuela, y peor aún, convierte en delito el pensamiento y su expresión. En dicho anteproyecto se establecen delitos que tipifican conductas ambiguas y generalistas, que pueden dar pie a cualquier interpretación a los fines de justificar la aplicación de penas privativas de libertad. Como catedráticos rechazamos la acuñación de este término, que no tiene ningún fundamento teórico. Basado en una serie de ambigüedades, que les deja a la discreción de un funcionario, lo que es o no una infracción de la ley, este proyecto no sólo condena lo que se dice, sino lo que se deja de decir, lo que representaría un instrumento perfecto para acallar la disidencia, limitar el periodismo libre y crítico, y convertirlo en un vocero del gobierno.
La artillería legal avanza en este sentido con los proyectos de reforma de la Ley del Ejercicio de Periodismo y de la de Educación, los proyectos de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, y de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Informática y Servicios Postales, que responden más que a una pretendida democratización de los medios de comunicación social, al establecimiento de una “hegemonía comunicacional”, es decir, una dictadura mediática, orquestada por el Poder Ejecutivo.
Evidentemente, existe la intención estratégica de desviar la atención de la ciudadanía acerca de los graves problemas que afectan al país, relacionados con la inseguridad, conflictividad laboral, alto costo de la vida, desempleo, niveles de corrupción en los entes públicos, desabastecimiento agroalimentario, carrera armamentista e intervencionismo internacional entre otros.
Adicionalmente, el referido anteproyecto de ley y otros vinculados con la libertad de expresión e información, están repletos de conceptos jurídicos imprecisos que no se encuentran previstos dentro de las restricciones y los límites contemplados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Lo que está en juego es la libertad de expresión e información como derechos consagrados en los artículos 57 y 58 de la constitución venezolana, también peligra la libertad de la audiencia para elegir la información y el momento adecuado para acceder a ella. La libertad de expresión e información es un derecho de doble vía que conlleva deberes por parte del Estado y de la población. La Ley de Procesos Electorales no reconoce la existencia de las minorías y con las leyes antes referidas la voz de estas minorías ni siquiera tendrá espacio en los medios de comunicación social, desarticulando los principios fundamentales del sistema democrático consagrado en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Con acciones como las descritas se cierra definitivamente el capítulo democrático de Venezuela.
Caracas, 3 de agosto de 2009.
Tiziana Polesel
C.I. 5.971.305
Directora
Escuela de Comunicación Social
Universidad Católica Andrés Bello
Caracas
Hasta Aristóbulo se opone a la Ley Electoral del PSUV
"El debate" protagonizado por los diputados de la Asamblea Nacional para aprobar la Ley Orgánica de Procesos Electorales en segunda discusión fue lamentable; el mejor ejemplo de lo que lo curre cuando el Parlamento esté integrando por personas que sólo responden a una corriente de pensamiento; que para más inri fueron electos sin el concurso de 8 de cada 10 venezolanos (claro, el Parlamento monocolor es responsabilidad directa de la oposición por haberse retirado incomprensiblemente de la elección del año 2005)
En su afán por lograr "leyes radicales y revolucionarias" que garanticen que el proceso político que defienden se perpetúe en el tiempo, los diputados olvidan que los sistemas electorales inciden en el tipo y en la calidad de la representación política de un país. Se les olvida que el sistema electoral debería reflejar de forma adecuada a las fuerzas sociales y políticas que se miden en un proceso comicial, traduciendo los votos en un número determinado de escaños para garantizar la gobernabilidad del Estado.
Desafortunadamente el sistema electoral que esperpénticamente defendieron Cilia Flores, Darío Vivas y el resto de diputados del PSUV y del Partido Comunista en sus constantes intervenciones no garantiza la representación de todas las fuerzas que cuenten con los votos; tampoco garantiza que la distribución de los cargos se haga de forma proporcional o justa.
El sistema defendido por los diputados del PSUV garantiza que si una fuerza política obtiene 50,01% de los votos se le adjudicarán 85,37% de los escaños de la próxima Asamblea Nacional. Por ende, si el otro bloque capitaliza 49,99% de los votos sólo obtendría 14,63% de las curules.
Este sistema paralelo mayoritario que impone el PSUV es muy similar, en sus afectos, al empleado para elegir a la Asamblea Nacional Constituyente de 1999. En aquella oportunidad al chavismo le bastó capitalizar 60% de los sufragios para quedarse con 94,5% de las curules en la Constituyente. Fue tan injusto este sistema que el propio Aristóbulo Istúriz, declaró lo siguiente: "La uninominalidad, tal como se está planteando sin la representación proporcional es profundamente antidemocrática (…) es una expresión política que responde al pensamiento neoliberal, a lo que se ha llamado el pensamiento único, donde la gran mayoría obtiene todo y los demás no están representados. El pueblo tiene que saber que teniendo con el 60% el 90 y pico por ciento de la Asamblea, no estamos de acuerdo con este sistema, y que nos favoreció una posición que enfrentamos y que nos las impusieron. Fuimos beneficiados circunstancialmente y, ahora que tenemos la mayoría, debemos corregir eso para beneficio de la democracia que queremos construir y para beneficio de la nueva República".
Como Aristóbulo -todavía- no se ha retractado de esta declaración asumo que mantiene su crítica a los sistemas mayoritarios. No obstante, en algo sí tienen razón los diputados que avalan la Ley Electoral: El sistema favorece al que saca más votos, así de simple.
Mi morbo periodístico me permite fantasear con un escenario preelecciones parlamentarias 2010 en donde el chavismo -según las encuestas de Félix Seijas y Germán Campos- tenga la sensación que puede existir una diferencia pírrica a favor de aquellos candidatos que se le oponen. Fantaseo con ese momento sólo para escuchar a Cilia Flores y Darío Vivas explicando cómo la Ley Electoral debe ser modificada porque no respeta el espíritu de los artículos 63 y 293 de la Carta Magna en donde se establece que Venezuela tiene un sistema electoral mixto -no paralelo- que combina la personalización del sufragio y la representación proporcional.
Ese día, escucharemos versiones aún más esperpénticas de estos ilustres diputados. Ese día, reclamarán, incluso, que regresen los diputados adicionales.
En su afán por lograr "leyes radicales y revolucionarias" que garanticen que el proceso político que defienden se perpetúe en el tiempo, los diputados olvidan que los sistemas electorales inciden en el tipo y en la calidad de la representación política de un país. Se les olvida que el sistema electoral debería reflejar de forma adecuada a las fuerzas sociales y políticas que se miden en un proceso comicial, traduciendo los votos en un número determinado de escaños para garantizar la gobernabilidad del Estado.
Desafortunadamente el sistema electoral que esperpénticamente defendieron Cilia Flores, Darío Vivas y el resto de diputados del PSUV y del Partido Comunista en sus constantes intervenciones no garantiza la representación de todas las fuerzas que cuenten con los votos; tampoco garantiza que la distribución de los cargos se haga de forma proporcional o justa.
El sistema defendido por los diputados del PSUV garantiza que si una fuerza política obtiene 50,01% de los votos se le adjudicarán 85,37% de los escaños de la próxima Asamblea Nacional. Por ende, si el otro bloque capitaliza 49,99% de los votos sólo obtendría 14,63% de las curules.
Este sistema paralelo mayoritario que impone el PSUV es muy similar, en sus afectos, al empleado para elegir a la Asamblea Nacional Constituyente de 1999. En aquella oportunidad al chavismo le bastó capitalizar 60% de los sufragios para quedarse con 94,5% de las curules en la Constituyente. Fue tan injusto este sistema que el propio Aristóbulo Istúriz, declaró lo siguiente: "La uninominalidad, tal como se está planteando sin la representación proporcional es profundamente antidemocrática (…) es una expresión política que responde al pensamiento neoliberal, a lo que se ha llamado el pensamiento único, donde la gran mayoría obtiene todo y los demás no están representados. El pueblo tiene que saber que teniendo con el 60% el 90 y pico por ciento de la Asamblea, no estamos de acuerdo con este sistema, y que nos favoreció una posición que enfrentamos y que nos las impusieron. Fuimos beneficiados circunstancialmente y, ahora que tenemos la mayoría, debemos corregir eso para beneficio de la democracia que queremos construir y para beneficio de la nueva República".
Como Aristóbulo -todavía- no se ha retractado de esta declaración asumo que mantiene su crítica a los sistemas mayoritarios. No obstante, en algo sí tienen razón los diputados que avalan la Ley Electoral: El sistema favorece al que saca más votos, así de simple.
Mi morbo periodístico me permite fantasear con un escenario preelecciones parlamentarias 2010 en donde el chavismo -según las encuestas de Félix Seijas y Germán Campos- tenga la sensación que puede existir una diferencia pírrica a favor de aquellos candidatos que se le oponen. Fantaseo con ese momento sólo para escuchar a Cilia Flores y Darío Vivas explicando cómo la Ley Electoral debe ser modificada porque no respeta el espíritu de los artículos 63 y 293 de la Carta Magna en donde se establece que Venezuela tiene un sistema electoral mixto -no paralelo- que combina la personalización del sufragio y la representación proporcional.
Ese día, escucharemos versiones aún más esperpénticas de estos ilustres diputados. Ese día, reclamarán, incluso, que regresen los diputados adicionales.
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