El futuro de la Central Madeirense, así como el de algunas cadenas nacionales de farmacia es incierto. Como parte de la estrategia electoral del año 2012 el presidente Hugo Chávez necesita evitar que se produzca un desabastecimiento similar al experimentado en el año 2007 y para ello debe suponer que controlar otra cadena de supermercados es la mejor forma de evitarlo.
Si se da como un hecho la radicalización política del jefe del Estrado cualquier ejercicio retrospectivo debe enfocarse en cómo esta radicalización afectará los planes de Chávez para lograr el control de todos los factores de producción.
El nuevo marco legal venezolano le da opciones al presidente Chávez para manejarse en dos escenarios: 1) Compaginar la radicalización política con la económica y tomar el control absoluto de todos los factores de producción. 2) Permitir que los privados continúen existiendo, pero limitados en su margen de acción y ganancia (muy similar al modelo que se aplica en Siria).
Hasta este momento las acciones emprendidas por Chávez le permiten formar la plataforma para ejecutar cualquiera de los dos escenarios mencionados anteriormente. Bien sea para tomar el control absoluto como para permitir una existencia limitada de los privados, el presidente Chávez necesita controlar inicialmente a los clientes, proveedores y al sistema financiero.
Sin embargo, expropiaciones y nacionalizaciones masivas no ocurrirán de inmediato. El presidente Chávez necesita, desde el punto de vista político, convencer a los segmentos no radicales de su electorado que nuevos controles y expropiaciones son necesarios. En este sentido, asistiremos en primera instancia a la construcción de expedientes sociales que vuelvan popular una medida que desde 2007 viene generando un incremento en el rechazo del electorado; al punto que el rechazo a las expropiaciones se incrementó durante 2010, pasando de 59% en el segundo trimestre hasta 70% en el cuarto trimestre. Es indudable que el venezolano comienza a valorar el impacto que las expropiaciones tienen en su calidad de vida. Al día de hoy, ocho de cada 10 ciudadanos consideran que la participación del sector privado es importante para el desarrollo del país.
A pesar del rechazo social a las medidas de expropiación y nacionalización las noticias no parecen ser alentadoras para el capital privado.
Ante su crisis de gestión, la estrategia política de Chávez se dirigirá a expropiar los logros de los privados para poder exhibirlos nacional e internacionalmente como avances de su proyecto político. Evidentemente en esta nueva etapa del proceso político venezolano la radicalización elevará el riesgo de inversión en Venezuela.
Las condiciones actuales no sugieren que Chávez pueda controlar de forma absoluta todos los factores de producción, básicamente se encamina a intentar construir un modelo en donde las empresas persistirán dependiendo de su cercanía con el Estado. Esta cercanía permitirá que el Estado intente exhibir el control público de las empresas -garantizando la comunicación y difusión de sus logros como alcances de la revolución bolivariana- mientras el privado deberá mantener el control de la operación.
Suponer que Chávez logrará controlar todo el aparato productivo -aunque cuente con las leyes para hacerlo- no es probable, porque el colapso del sistema productivo del país ante los eventos comiciales de 2012 sería de alto riesgo.
Al día de hoy, el jefe del Estado prepara las condiciones para radicalizarse en el aspecto político y tener un control casi absoluto sobre la vida cotidiana de los venezolanos; no obstante en lo económico permitirá que existan los privados pero bajo una intensa tutela de controles estatales; controles que no serán excluyentes para que existan algunos estímulos a la actividad privada.
Erradicar por completo a la propiedad y las empresas privadas representaría un riesgo muy alto de colapso político que el presidente de Venezuela no está dispuesto a asumir antes de las elecciones presidenciales de 2012.
Si se da como un hecho la radicalización política del jefe del Estrado cualquier ejercicio retrospectivo debe enfocarse en cómo esta radicalización afectará los planes de Chávez para lograr el control de todos los factores de producción.
El nuevo marco legal venezolano le da opciones al presidente Chávez para manejarse en dos escenarios: 1) Compaginar la radicalización política con la económica y tomar el control absoluto de todos los factores de producción. 2) Permitir que los privados continúen existiendo, pero limitados en su margen de acción y ganancia (muy similar al modelo que se aplica en Siria).
Hasta este momento las acciones emprendidas por Chávez le permiten formar la plataforma para ejecutar cualquiera de los dos escenarios mencionados anteriormente. Bien sea para tomar el control absoluto como para permitir una existencia limitada de los privados, el presidente Chávez necesita controlar inicialmente a los clientes, proveedores y al sistema financiero.
Sin embargo, expropiaciones y nacionalizaciones masivas no ocurrirán de inmediato. El presidente Chávez necesita, desde el punto de vista político, convencer a los segmentos no radicales de su electorado que nuevos controles y expropiaciones son necesarios. En este sentido, asistiremos en primera instancia a la construcción de expedientes sociales que vuelvan popular una medida que desde 2007 viene generando un incremento en el rechazo del electorado; al punto que el rechazo a las expropiaciones se incrementó durante 2010, pasando de 59% en el segundo trimestre hasta 70% en el cuarto trimestre. Es indudable que el venezolano comienza a valorar el impacto que las expropiaciones tienen en su calidad de vida. Al día de hoy, ocho de cada 10 ciudadanos consideran que la participación del sector privado es importante para el desarrollo del país.
A pesar del rechazo social a las medidas de expropiación y nacionalización las noticias no parecen ser alentadoras para el capital privado.
Ante su crisis de gestión, la estrategia política de Chávez se dirigirá a expropiar los logros de los privados para poder exhibirlos nacional e internacionalmente como avances de su proyecto político. Evidentemente en esta nueva etapa del proceso político venezolano la radicalización elevará el riesgo de inversión en Venezuela.
Las condiciones actuales no sugieren que Chávez pueda controlar de forma absoluta todos los factores de producción, básicamente se encamina a intentar construir un modelo en donde las empresas persistirán dependiendo de su cercanía con el Estado. Esta cercanía permitirá que el Estado intente exhibir el control público de las empresas -garantizando la comunicación y difusión de sus logros como alcances de la revolución bolivariana- mientras el privado deberá mantener el control de la operación.
Suponer que Chávez logrará controlar todo el aparato productivo -aunque cuente con las leyes para hacerlo- no es probable, porque el colapso del sistema productivo del país ante los eventos comiciales de 2012 sería de alto riesgo.
Al día de hoy, el jefe del Estado prepara las condiciones para radicalizarse en el aspecto político y tener un control casi absoluto sobre la vida cotidiana de los venezolanos; no obstante en lo económico permitirá que existan los privados pero bajo una intensa tutela de controles estatales; controles que no serán excluyentes para que existan algunos estímulos a la actividad privada.
Erradicar por completo a la propiedad y las empresas privadas representaría un riesgo muy alto de colapso político que el presidente de Venezuela no está dispuesto a asumir antes de las elecciones presidenciales de 2012.
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