Aunque una medida como el registro de encuestadoras -y de sus estudios- era necesario en Venezuela, la información que solicita el organismo comicial para garantizar la profesionalidad de los estudios que se divulguen durante la campaña presidencial no servirá para darle credibilidad a las encuestas.
En la planilla de registro que emplea desde este lunes el CNE se exige a las empresas interesadas en contar con el aval del organismo comicial que -antes de publicar cualquier estudio- se registre en el sistema la siguiente información:
- Fecha de levantamiento de la información
- Objetivos general y específico de la encuesta
- Tamaño de la muestra
- Cobertura vertical (niveles de desagregación en que se presentará la información)
- Población objeto del estudio
- Tipo de diseño empleado
- Error de muestreo
- Nivel de confianza
- Variables utilizadas
Muchos lectores podrán inferir que al conocerse estos datos cualquier encuesta que se registre en el CNE tendrá el aval técnico que permita confiar en sus resultados. Desafortunadamente no es así. En este registro faltan datos vitales para poder otorgarle credibilidad a un estudio (valga la acotación que la información solicitada por el CNE se puede colocar en una presentación en PowerPoint sin que eso signifique que la información es cierta).
Para ilustrar este punto vamos a tomar como ejemplo al Instituto Federal Electoral de México (IFE). Al igual que el CNE, el IFE tiene un amplio registro de estudios de opinión pública difundidos durante la actual campaña presidencial.
¿En qué se diferencian el registro del IFE y del CNE? En la información que solicita la autoridad electoral mexicana que en Venezuela parece ser tabú (para los lectores que deseen profundizar en este tema pueden visitar: http://www.ife.org.mx).
La diferencia más importante entre los dos registros (para evitar que alguien invente datos en una presentación en PowerPoint) es que en México se exige entregar copia del estudio completo y de la base de datos que da origen a la presentación de los hallazgos más relevantes.
A diferencia del CNE, el IFE exige a las empresas que hacen encuestas aclarar los datos de la persona (natural o jurídica) que ordenó el estudio. A diferencia del CNE el IFE exige para validar el registro de encuestas que se consigne el cuestionario utilizado para obtener los resultados presentados, señalando incluso la frecuencia de no respuesta y la tasa de rechazo general a la entrevista (muchos de los resultados de los estudios de opinión pública en Venezuela se podrían comprender mejor si las encuestadoras entregaran copia del cuestionario que utilizan).
Además el IFE exige a las encuestadoras precisar si el reporte entregado contiene estimaciones de resultados, modelo de probables votantes o cualquier otro parámetro que no consista en las frecuencias relativas de las respuestas de la encuesta (otro tópico que permitirá entender en Venezuela las diferencias considerables entre distintos estudios de opinión pública).
Desafortunadamente la iniciativa del CNE no resolverá la guerra de encuestas -en otros textos nos hemos referido a este fenómeno como guerra de PowerPoint- ni tampoco servirá para dotar de credibilidad a los estudios de opinión pública que reciben, a través de los medios de comunicación social, los electores venezolanos.
En el libro "Investigación electoral" del profesor Félix Seijas, publicado por la Universidad Central de Venezuela en 1998, el autor (principal responsable del IVAD) advierte: "en los comandos de campaña existen personas interesadas en darle uso a estas encuestas con fines publicitarios cuando les favorecen, en especial, cuando ocupan el primer lugar, en la creencia de que pueden modificar la conducta del elector y aumentar la ventaja o, en el peor de los casos, mantenerla, por aquello de anotarse al ganador (...). Nada más incierto. No hay estudio científico alguno que demuestre que los votantes cambien de parecer por los resultados de las encuestas dadas a conocer durante las campañas electorales (...). Hay evidencias, según las cuales, la creencia en el efecto ganador, sobre todo cuando dista del momento de las elecciones, carece de formalidad científica".
Sirva esta frase del profesor Seijas para referirnos a ora decisión del CNE que pareciera, debería tener un debate más amplio. Los rectores acordaron del organismo comicial acordaron mantener la prohibición de publicación de encuestas siete días antes de la elección, aunque todos estamos conscientes que en esa semana proliferarán las encuestas en las redes sociales y seremos bombardeados por supuestos exit polls el 7 de octubre.
Una comparación rápida de las legislación electoral de 182 países nos proporciona la siguiente información: Solo 2,7% de las autoridades electorales del mundo mantienen la prohibición de difundir encuestas entre 6 y 7 días antes de una elección, mientras 9% lleva esa prohibición hasta más de 10 días. ¿Cuáles son estos países? Entre otros Angola, Bielorrusia, Burundi, Chipre, Corea del Sur, Ecuador, El Salvador, Honduras, Kirguizistán, Luxemburgo, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Paraguay, Singapur, Taiwán y Turquía.
Si duda, falta bastante por discutirse en Venezuela si se requiere controlar la guerra de PowerPoint y llegar a un manejo y tratamiento profesional en la difusión de los estudios de opinión pública.
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