Presentación del CNE sobre las captahuellas |
Para finales del año 2010 la proporción de empleados públicos era de 19,5% del total de la población activa. Una cifra histórica que indica que, al menos, 2.440.986 personas se encuentran en la nómina pública (entre organismos descentralizados y el Gobierno central). Esta nómina ha crecido 36,2% -en los últimos cuatro años- a causa de la política de expropiaciones, confiscaciones y nacionalizaciones que adelante el presidente Chávez.
Lo peor es que estos ciudadanos no pueden cambiar de patrón porque pasar a la empresa privada cada día es más complejo. ¿Por qué? El número de empleadores privados se redujo -según reconoce el Instituto Nacional de Estadística- en 15% el año pasado.
Para hacer más complejo el panorama, seis millones de trabajadores formales (93,5% de la población activa) ganan menos de tres salarios mínimos lo que podría sugerirles que su trabajo depende del decreto de inamovilidad que viene prorrogando desde hace seis años el presidente Chávez.
El análisis que el INE hace del mercado laboral indica que 4.921.237 personas dependen de las empresas privadas, mientras 4.096.520 ciudadanos decidieron "trabajar" por su cuenta. El resto de la población -económicamente activa- está desempleada o depende directamente de alguna misión social.
Incluso, el dato más llamativo es que 33,7% de los nuevos empleos que se crearon en 2010 tienen su origen en la expansión del tamaño del Estado.
De continuar estas tendencia, la mayoría de los venezolanos terminaremos dependiendo -directa o indirectamente- de Chávez para poder subsistir, aunque él no dependa de nosotros para mantener el país a flote.
Esta "dependencia" puede condicionar dramáticamente los resultados de nuestro sistema electoral; especialmente si todos aquellos que dependen -o creen que pasarán a engrosar la nómina del Estado en los próximos meses- suponen que Chávez puede saber por quién votan. No se puede desestimar que los efectos de la Lista Tascón siguen vigentes en la opinión pública.
El debate sobre el secreto del voto y las captahuellas afecta directamente a los empleados públicos, contratistas y receptores de programas sociales.
Al día de hoy no existe evidencia que demuestre que las captahuellas fueron utilizadas en el pasado para saber por quién votaron los venezolanos. No obstante, si existen datos que demuestran que la identificación biométrica puede servir -en caso que los equipos sean conectados en red- para que algunos factores políticos sepan con precisión quién acudió a votar. Disponer de esta data el día de la elección puede proporcionar datos de preferencia o intención de voto muy precisos. Ahí existe un problema, aunque eso no significa que el "secreto del voto" fuese violado.
Discusiones técnicas al margen sobre la teórica posibilidad de reconstruir las secuencias de votación y el posible cruce con la identificación biométrica -en el pasado reciente se demostró que no es posible- si el CNE garantiza que los electores se "mezclarán" antes de votar, no existe razón para suponer que alguien conocerá por quién sufragó un empleado público, los contratistas o los receptores de programas sociales.
La necesidad de usar captahuellas es técnicamente discutible, especialmente si el CNE avala que se pueda desbloquear la máquina de votación utilizando el número de cédula de identidad del elector. No obstante, el impacto político que pueden tener estos equipos es inmenso, especialmente en un país en el que todos empezamos a depender del Estado para poder vivir. La "dependencia" creciente del venezolano al Estado dirigido por Chávez, unida al temor del secreto del voto puede ser una estocada fulminante para nuestro sistema electoral.
Es responsabilidad de todos, empezando por el CNE, evitar que el acto de votación deje de ser un ejercicio democrático para convertirse en un acto marcado por el temor a las represalias que puede tomar el "patrón" si llega saber quién no lo respaldó.
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