El resumen ejecutivo del informe redactado por la Misión de Estudio del Centro Carter sobre el proceso electoral del 7 de octubre, también recomienda prohibir "los cambios a última hora en los apoyos de los partidos a los candidatos, de forma de preservar la integridad del tarjetón de votación".
Según el Centro Carter la elección presidencial de 2012 reflejó y reafirmó "la intensa confrontación política y polarización social a las que ya se han acostumbrado los venezolanos desde 1998. Afortunadamente, las tensiones no se desbordaron y la votación se llevó a cabo de manera pacífica".
No obstante, el resumen ejecutivo del informe resalta que al igual que todas las instituciones venezolanas, "el CNE está profundamente afectado por el partidismo (...) Aunque en teoría los rectores del CNE fueron nombrados por su experiencia profesional, muchos venezolanos perciben a dichos rectores como individuos con fuertes afinidades partidistas. De los cinco rectores, cuatro, incluyendo su presidenta, están vinculados, con distintos niveles de solidaridad, al gobierno de Chávez y uno a la oposición. Esta politización ayuda a explicar el escaso entusiasmo con el que el CNE abordó algunos de los temas de la campaña, especialmente el vinculado a los reglamentos, así como inconsistencias en las acciones del organismo para hacerlos cumplir".
Con relación al sistema de votación, el Centro Carter resalta que aunque todos los actores políticos lo auditaron y avalan resultados, critican la implementación del SIE y su impacto sobre el flujo de votantes.
Según el Centro Carter "a pesar de que la alta afluencia de votantes contribuyó a la formación de largas colas, los embotellamientos en las entradas de los centros de votación se debieron en parte a la implementación de un nuevo sistema de información a votantes, creado -según se informó- para orientar a votantes y brindar información sobre el flujo de votos al CNE. Este nuevo sistema atentó contra la eficiencia global del voto, el cual tomó muy poco tiempo. Los beneficios, en contraposición al costo en tiempo para el votante, no quedaron por lo tanto claros".
Las críticas al SIE no son extensivas al sistema de votación desarrollado por Smartmatic. El informe hace hincapié en el "aumento de la confianza de la ciudadanía en el sistema automatizado, en comparación con contiendas pasadas, y sugiere, a la vez, mejoras que fortalezcan aún más el sistema electoral en su conjunto".
Con relación a la presencia de testigos de la oposición el informe indica que a pesar de que la MUD tuvo testigos en la sala de totalización del CNE, "a último momento no se le permitió tener testigos en otros dos centros de operaciones a cargo del monitoreo de la afluencia de votantes y el seguimiento a los problemas con las máquinas de votación o de huellas. Aunque las actividades llevadas a cabo en dichos centros no afectaron el normal desarrollo del proceso de votación, la falta de acceso a la oposición en dichas salas jugó en contra del principio básico de transparencia (según el cual, no debería haber zonas vitales del proceso electoral fuera de alcance del monitoreo de los partidos).
Dinero público y ventajismo
Jennifer McCoy, directora del Centro Carter, explicó que el uso de recursos del Estado "es quizá la ventaja más grande de la que gozan los candidatos en el ejercicio del poder, y la más difícil de evaluar, en particular cuando las contribuciones y los gastos de campaña no se dan a conocer públicamente, como es el caso de Venezuela. El ventajismo, o la ventaja indebida a favor del candidato en ejercicio, se convirtió en uno de los temas de la campaña de 2012".
Según el Centro Carter "los gastos gubernamentales se incrementaron en 45% en 2012, comparado con 2011". Con relación al comportamiento de los medios, McCoy resaltó que el panorama "cambió drásticamente en el transcurso de la última década, pasando de un claro predominio de medios televisivos, radiales e impresos privados (en su mayoría opuestos al gobierno de Chávez) a un claro crecimiento de los medios estatales, todos los cuales promueven el programa y la ideología del Gobierno".
Aunque McCoy reconoció que la cuota normal de mercado de los medios estatales, en particular la de los medios televisivos, es bastante pequeña, representado sólo el 5,4% "durante la semana de las elecciones, esta aumentó a 24%, alcanzando el segundo lugar en la preferencia de los votantes".
Hasta el 20 de noviembre
El informe definitivo del Centro Carter será divulgado el 20 de noviembre. Para elaborar el análisis de la campaña del 7 de octubre el Centro Carter patrocinó una misión de expertos que permaneció integrada por Fernando Tuesta, ex jefe del órgano electoral peruano; Jaime Aparicio, ex embajador de Bolivia en EEUU; Carlos Safadi, profesor de derecho constitucional y Héctor Díaz, experto en derecho electoral en México.
Tres ejemplos a seguir
- México: Modificar todo el sistema. A partir de la acusación masiva de fraude de 1988 en México se decidió rehacer el padrón de votación, reconstruir a la autoridad electoral y otorgar igualdad de condiciones. Según Héctor Díaz Santana, ex director de la Fiscalía para Delitos Electorales en México, quien participó en el seminario organizado por el Centro Carter, con estas condiciones se comenzó a dar la alternancia político. Recalcó que desde 1996 México prohibió la difusión de obras públicas 30 días antes de la elección e prohibió que funcionarios participen en mítines.
- Brasil: Un crimen electoral. Torquato Jardim, ex magistrado del TSE de Brasil, calificó como crimen electoral que se permita el uso de fondos públicos en la campaña. Explicó que la ley en Brasil prohíbe la participación de servidores públicos (en horario de trabajo) en la campaña. Resaltó que está prohibida la distribución de bienes y servicios subsidiados por el Gobierno para evitar y contener el uso y abuso del poder en la elección. En el caso de la reelección, sostiene que siempre se debe poder separar un acta administrativo del cargo de un acto de campaña.
- Colombia: Reglamentar reelección. Juan Fernando Londoño precisó que el financiamiento público en las campañas debe servir para garantizar equidad. Asegura que "enfrentar a un Presidente en ejercicio es una competencia desigual, por lo tanto las autoridad deben equilibrar las cargas". Para prevenir el abuso del poder por parte de un candidato-presidente, Colombia prohibe la entrega directa de recursos e inaugurar obras públicas. Londoño recordó que la legislación colombiana prohíbe al Presidente (en actos oficiales) referirse a los demás candidatos. EM
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